La deducción del IVA soportado es uno de los derechos fundamentales del empresario, pero también uno de los que más conflictos genera con la Administración. Hasta ahora, muchas sociedades veían denegadas sus deducciones cuando la actividad que generaba el gasto no figuraba expresamente en su objeto social, aunque sí tributaran por ella. El Tribunal Supremo, en su STS 2206/2026, de 18 de mayo de 2026, ha zanjado esta cuestión: lo determinante no es lo que dicen los estatutos, sino la realidad económica de la actividad desarrollada.
En este artículo, nuestro Departamento de Asesoría Fiscal en Madrid analiza el alcance de esta sentencia, qué normas aplica el Tribunal Supremo para llegar a esta conclusión y qué consecuencias prácticas tiene para tu empresa. Si alguna vez te han denegado una deducción de IVA por este motivo, o si tu sociedad realiza actividades que no constan en su objeto social, este artículo es especialmente relevante para ti.
Contenido
Deducir IVA y objeto social: el Supremo cambia las reglas
¿Puede Hacienda negarte una deducción de IVA porque la actividad no aparece en los estatutos de tu empresa? Durante años, tanto la Administración como algunos tribunales respondían que sí. La Sentencia del Tribunal Supremo n.º 2206/2026, de 18 de mayo de 2026, cierra ese debate de forma definitiva y a favor del contribuyente.
Si tu empresa desarrolla actividades económicas reales que no figuran expresamente en su objeto social, este artículo te explica por qué ahora puedes —y debes— defender tus deducciones de IVA.
En Lam Asesoría de Empresas analizamos este importante hito judicial que pone fin a la rigidez de Hacienda y prioriza la verdad económica por encima de los estatutos.
El caso que llegó al Tribunal Supremo
Una empresa de limpieza con un amarre náutico
Rafael Castañer SL era una sociedad dedicada a la fabricación de artículos de limpieza para el hogar. Sin embargo, entre sus activos contaba con un amarre náutico en el puerto de La Savina (Formentera) que tenía alquilado a un tercero. Por ese alquiler, la empresa emitía facturas, repercutía IVA y lo ingresaba correctamente en Hacienda.
El problema surgió cuando la AEAT de Alcoy inició una comprobación del IVA del ejercicio 2020. La Administración denegó la deducción de las cuotas soportadas vinculadas al mantenimiento del amarre con un argumento que, a primera vista, podía parecer razonable: esa actividad no guarda relación con el objeto social de la empresa.
La cadena de denegaciones
La liquidación impugnada ascendía a 2.348,30 euros en cuota e intereses. Pequeña en términos económicos, pero enorme en sus implicaciones jurídicas:
- El TEAR de la Comunidad Valenciana dejó pasar el tiempo sin resolver (silencio negativo).
- El TSJ de la Comunidad Valenciana confirmó la posición de Hacienda, equiparando «actividad empresarial» con «objeto social» e indicando que no se había probado la conexión entre el amarre y la actividad de fabricación.
- La empresa recurrió en casación ante el Tribunal Supremo, que admitió el recurso al apreciar interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia.
Lo llamativo del caso es que el propio TEAR había resuelto en sentido contrario para los ejercicios 2017 y 2018 del mismo contribuyente, reconociendo la deducción. Una contradicción flagrante que el TSJ no quiso ni analizar.
El conflicto de fondo: formalismo vs. realidad económica
Qué decía la Administración y el TSJ
La postura denegatoria partía de una premisa: el artículo 95.Uno de la Ley del IVA (LIVA) exige que los bienes y servicios estén afectos «directa y exclusivamente» a la actividad empresarial. Y como el arrendamiento náutico no encajaba en la actividad de fabricación de productos de limpieza, los gastos del amarre no eran deducibles.
El TSJ valenciano, en esencia, equiparó dos conceptos jurídicamente distintos: actividad empresarial (concepto fiscal) y objeto social (concepto mercantil). Esa identificación fue el error que el Supremo vino a corregir.
Por qué esa equiparación es incorrecta
El objeto social es una figura del Derecho Mercantil. Recoge las actividades para las que los socios constituyeron la empresa y sirve para proteger sus intereses frente a los administradores. Tiene lógica en ese ámbito: si el consejero delegado empieza a invertir en activos que nada tienen que ver con el negocio acordado, los socios pueden exigirle responsabilidad o incluso separarse de la sociedad.
Pero el IVA no es Derecho Mercantil. Es un impuesto que grava el consumo y que se articula sobre un principio rector fundamental: la neutralidad. Este principio exige que el impuesto no distorsione las decisiones empresariales, y que quien recauda IVA para el Estado pueda deducirse el IVA que ha soportado en los costes vinculados a esa actividad.
Puede ser de tu interés: «Guía práctica: Modelo 303 del IVA Paso a Paso«
La doctrina del Tribunal Supremo: realidad económica sobre formalismo
Lo que dicen los artículos 4, 5 y 95.Uno LIVA
El Supremo, con ponencia del Excmo. Sr. Manuel Fernández-Lomana García, construye su razonamiento sobre tres pilares normativos:
- Art. 4.Uno LIVA: están sujetas al IVA las entregas de bienes y prestaciones de servicios realizadas por empresarios o profesionales a título oneroso, con carácter habitual u ocasional.
- Art. 5.Dos LIVA: son actividades empresariales las que implican la ordenación por cuenta propia de factores de producción con la finalidad de intervenir en la producción o distribución de bienes o servicios. Para las sociedades mercantiles, se presume que actúan como empresarios salvo prueba en contrario.
- Art. 95.Uno LIVA: prohíbe deducir el IVA de bienes y servicios que no estén afectos a la actividad empresarial. Pero —y aquí está la clave— en ningún momento exige que esa actividad coincida con el objeto social.
El principio de neutralidad como eje central
El Tribunal es contundente: una vez que se constata que la sociedad realiza una actividad económica real y sujeta al impuesto —en este caso, el arrendamiento del amarre—, la lógica del IVA exige que pueda deducirse el IVA soportado en los costes vinculados a esa actividad.
Lo contrario llevaría a un resultado absurdo: la empresa debe ingresar el IVA que repercute a su arrendatario, pero no puede deducir el IVA que soporta en los gastos del propio amarre. Estaría soportando una carga fiscal que el diseño del impuesto no contempla ni permite.
La doctrina fijada
El fundamento jurídico cuarto de la sentencia establece de forma expresa:
«Cuando una sociedad realiza una actividad económica que cumple los requisitos establecidos en los artículos 4 y 5 LIVA, que genere la obligación de repercutir el IVA, aunque dicha actividad no conste establecida como objeto social de la sociedad, serán deducibles las cantidades soportadas derivadas de la titularidad del mismo elemento patrimonial.»
Esta doctrina es vinculante para todos los tribunales y, en la práctica, también orienta la actuación de la propia AEAT.
Conclusiones prácticas para empresarios y directivos
¿Qué cambia a partir de ahora?
La sentencia tiene implicaciones directas para cualquier empresa que desarrolle actividades económicas fuera de su objeto social estatutario. Algunos escenarios habituales:
- Una sociedad industrial que arrienda un local o nave que ya no utiliza en su producción.
- Una empresa de servicios que explota un vehículo, maquinaria u otro bien patrimonial de forma independiente.
- Un holding o grupo empresarial en el que la sociedad matriz realiza operaciones de financiación intragrupo que no constan en sus estatutos.
- Cualquier sociedad que haya diversificado su actividad real sin actualizar formalmente su objeto social.
En todos estos casos, si la actividad genera obligación de repercutir IVA, el IVA soportado en los gastos vinculados es deducible.
¿Qué debes revisar en tu empresa?
Conviene hacer una revisión en tres pasos:
- Inventario de actividades reales: identifica todas las operaciones por las que tu empresa repercute IVA, más allá de su actividad principal.
- Revisión de deducciones pasadas: si en ejercicios no prescritos (los últimos cuatro años) se denegó o no se aplicó una deducción por este motivo, podría plantearse una rectificación de autoliquidación.
- Actualización del objeto social: aunque el Supremo confirma que no es obligatorio para deducir el IVA, tener el objeto social alineado con la actividad real evita fricciones con la AEAT y ofrece mayor seguridad jurídica.
Una advertencia importante
La sentencia no es una carta blanca para deducir cualquier gasto. El requisito de afectación real sigue siendo exigible: el bien o servicio debe estar efectivamente vinculado a la actividad económica que genera el IVA repercutido. Lo que desaparece es el obstáculo formal del objeto social; no desaparece la necesidad de acreditar esa conexión real.
Conclusión
El Tribunal Supremo ha puesto en su lugar el principio de realidad económica frente al formalismo estatutario. En el IVA, lo que importa es lo que ocurre en la práctica: si hay actividad económica, hay obligación de repercutir y también derecho a deducir. Los estatutos son un documento mercantil valioso, pero no pueden convertirse en un muro que impida aplicar correctamente la mecánica del impuesto.
En Lam Asesoría de Empresas analizamos el impacto de esta doctrina en tu empresa y revisamos si existen deducciones que puedas recuperar. Contáctanos para una consulta personalizada.
Preguntas frecuentes sobre IVA y objeto social
¿Se pierde el derecho a deducir el IVA si la actividad no aparece en el objeto social?
No. La STS 2206/2026 establece que lo determinante no es el objeto social sino la existencia de una actividad económica real sujeta al impuesto. Si la sociedad repercute IVA por esa actividad, tiene derecho a deducir el IVA soportado en los gastos vinculados a ella, aunque los estatutos no la contemplen expresamente.
¿Es obligatorio modificar los estatutos para poder deducir?
No es obligatorio a efectos fiscales. El Tribunal Supremo confirma que la deducción del IVA no depende de lo que digan los estatutos. Ahora bien, actualizar el objeto social para reflejar la actividad real sigue siendo recomendable: reduce fricciones con la AEAT y ofrece mayor seguridad jurídica frente a futuras comprobaciones.
¿Puede Hacienda seguir negando la deducción por este motivo?
Tras la STS 2206/2026, no. Esta sentencia fija doctrina jurisprudencial vinculante, lo que significa que tanto los tribunales como la propia Administración deben aplicarla. Si la AEAT deniega una deducción únicamente porque la actividad no consta en el objeto social, esa liquidación sería recurrible con fundamento sólido.
¿Qué pruebas acreditan la afectación a una actividad económica?
La sentencia no desaparece la necesidad de probar la conexión real entre el gasto y la actividad. Las pruebas más relevantes son: facturas emitidas con IVA repercutido por esa actividad, contabilización correcta en los libros registro, contratos de arrendamiento u otros documentos que acrediten la explotación del bien, y declaraciones periódicas de IVA donde consten las operaciones.
¿Afecta esta sentencia a las sociedades holding?
Sí, y de forma especialmente relevante. Las holdings con frecuencia realizan operaciones de financiación intragrupo, arrendamiento de activos o prestación de servicios de gestión que no siempre constan en su objeto social. A partir de esta doctrina, el IVA soportado en los costes vinculados a esas actividades sujetas será deducible, siempre que se acredite la realidad económica de las operaciones.
¿Puedo reclamar deducciones denegadas en ejercicios anteriores?
Depende de si han prescrito. El plazo general de prescripción en IVA es de cuatro años. Si en ejercicios no prescritos se denegó o se dejó de aplicar una deducción por este motivo, cabe presentar una rectificación de autoliquidación ante la AEAT, invocando expresamente la doctrina fijada por la STS 2206/2026.
¿La doctrina aplica también a actividades ocasionales?
Sí. El artículo 4.Uno LIVA sujeta al impuesto las operaciones realizadas con carácter habitual u ocasional. Por tanto, incluso una actividad esporádica —como el alquiler puntual de un bien patrimonial— puede generar tanto la obligación de repercutir IVA como el derecho a deducir el IVA soportado en sus costes, siempre que se cumplan los requisitos generales de afectación.
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Fuentes:
- CEF Fiscal Impuestos
- Iberley
- Agencia Tributaria
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