Los aplazamientos y fraccionamientos de deudas tributarias de la AEAT tras la Ley de reforma concursal

La reforma concursal reduce los pagos fraccionados de las deudas tributarias a partir de enero de 2023

La Ley 16/2022, de 5 de septiembre, reforma en profundidad el Real Decreto legislativo 1/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Concursal, y supone un cambio integral del sistema de insolvencia español. Sin embargo, al mismo tiempo, también incorpora novedades en materia de aplazamientos y fraccionamientos de deudas tributarias por la AEAT a través de una de sus disposiciones adicionales. En la práctica, supone una limitación de los plazos que hasta ahora se venían aplicando para el pago de las deudas aplazadas o fraccionadas por parte de los contribuyentes.

Se trata de una cuestión que, sin duda, no ha acaparado la misma atención que otras modificaciones que la misma norma introduce en materia concursal; pero que, aun así, no debe pasarse por alto y resulta de gran interés, tanto para los profesionales como para los ciudadanos en general.

Por ese motivo, a continuación, trataremos de desgranar los puntos clave de la disposición adicional undécima de la Ley 16/2022, de 5 de septiembre, que es la que contiene la regulación a la que nos venimos refiriendo, bajo la rúbrica de «Aplazamientos y fraccionamientos de deudas tributarias por la Agencia Estatal de Administración Tributaria», cuya entrada en vigor se producirá el 1 de enero de 2023.

Los plazos máximos para el pago de aplazamientos y fraccionamientos de deudas tributarias

La disposición adicional undécima se refiere a las deudas tributarias para cuya gestión recaudatoria sea competente la AEAT, que estén en período voluntario o ejecutivo, que podrán aplazarse o fraccionarse, previa solicitud del obligado tributario, cuando su situación económico-financiera le impida, de forma transitoria, realizar el pago en los plazos establecidos.

Especifica que los acuerdos de concesión que se dicten tendrán plazos con cuotas iguales y vencimiento mensual, que nunca podrán exceder de los siguientes (a contar desde la finalización del plazo establecido para el pago en período voluntario original de la deuda de que se trate):

a) Plazo máximo de 6 meses

Resultará aplicable:

• Para aquellos casos en que los aplazamientos y fraccionamientos se garanticen conforme a lo previsto en los párrafos segundo y tercero del artículo 82.1 de la LGT; precepto que se refiere a:
  • Garantías consistentes en hipoteca, prenda, fianza personal y solidaria u otra que se estime suficiente, en la forma que se determine reglamentariamente, que podrá admitir la Administración cuando se justifique que no es posible obtener aval solidario de entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca o certificado de seguro de caución o bien que su aportación compromete gravemente la viabilidad de la actividad económica.
  • Adopción de medidas cautelares en sustitución de las garantías anteriores por la Administración a solicitud del obligado tributario.
• También se aplicará para aquellos supuestos en los que se den las circunstancias del artículo 82.2.a) de la LGT, es decir, cuando las deudas tributarias sean de cuantía inferior a la que se fije en la normativa tributaria.

b) Plazo máximo de 9 meses

Para aquellos casos en que los aplazamientos y fraccionamientos se garanticen conforme al párrafo primero del artículo 82.1 de la LGT, que se refiere al aval solidario de entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca o certificado de seguro de caución.

c) Plazo máximo de 12 meses

En los supuestos en los que se den las circunstancias que contempla el artículo 82.2.b) de la LGT, esto es: cuando el obligado al pago carezca de bienes suficientes para garantizar la deuda y la ejecución de su patrimonio pudiera afectar sustancialmente al mantenimiento de la capacidad productiva y del nivel de empleo de la actividad económica respectiva, o pudiera producir graves quebrantos para los intereses de la Hacienda Pública, en la forma prevista reglamentariamente.